¿Qué sucede cuando las estadísticas oficiales celebran una supuesta contención social mientras las planillas de luz, gas, agua y transporte engullen más de la mitad del presupuesto de una familia trabajadora? Cuando un organismo técnico publica indicadores de pobreza e indigencia que no se sostienen al cotejarlos con la caja del supermercado y el recibo de sueldo, la pregunta de fondo ya no es sólo cuánto ganan los argentinos, sino si la metodología oficial está capturando la realidad o construyendo un decorado conveniente para el relato fiscal. Al analizar el último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la evolución de la pobreza y la indigencia durante el primer semestre de 2026, la sospecha se vuelve certeza: la leve mejora respecto a los picos más dramáticos de la devaluación no responde a una recuperación genuina del bienestar, sino a un sesgo metodológico en la medición que vuelve invisible el verdadero peso de los servicios públicos.
El informe del CEPA, elaborado sobre la base de los microdatos del INDEC para la primera mitad de 2026, ubica la tasa de pobreza en el 32,3% de la población y la indigencia en el 7,5%. En términos comparativos, estas cifras marcan un incremento de 0,7 puntos porcentuales en la pobreza y de 0,6 puntos en la indigencia respecto al primer semestre de 2025. Si la medición se contrasta contra el segundo semestre de 2025, el deterioro es más marcado, con saltos de 4,1 puntos en pobreza y 1,2 puntos en indigencia.
| Indicador Social / Económico | 1° Semestre 2025 | 2° Semestre 2025 | 1° Semestre 2026 | Variación Interanual |
|---|---|---|---|---|
| Incidencia de la Pobreza | 31,6% | 28,2% | 32,3% | +0,7 p.p. |
| Incidencia de la Indigencia | 6,9% | 6,3% | 7,5% | +0,6 p.p. |
| Tasa de Desempleo Abierto | 7,8% | 7,1% | 7,9% | +0,1 p.p. |
| Relación Mediana Salarial / CBT | 93,4% | 93,6% | 90,8% | -2,6 p.p. |
Sin embargo, detrás de la aparente estabilización general de la pobreza en torno al 32%, el análisis detallado del CEPA revela tres distorsiones estadísticas fundamentales que alteran la foto oficial y amortiguan artificialmente las cifras de vulnerabilidad social:
- La ampliación en la captación de ingresos no laborales en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
- La llamativa desconexión entre el índice de salarios no registrados del INDEC y los indicadores reales del mercado laboral.
- La subestimación de la Canasta Básica Total (CBT) mediante un Coeficiente de Engel desactualizado.
La alquimia de las mediciones
Para descifrar por qué la pobreza oficial no refleja la asfixia cotidiana de las familias, hay que poner la lupa sobre los cambios metodológicos que el INDEC implementó en la EPH. Desde fines de 2023 —con aplicación plena desde fines de 2024—, el instituto de estadística incorporó 8 nuevas preguntas y refinó la precisión de otras 5 dentro del módulo de ingresos no laborales. Con este cambio, la encuesta comenzó a capturar con mayor rigor transferencias y subsidios que antes quedaban subregistrados, como el monto exacto de la Tarjeta Alimentar, becas Progresar, moratorias previsionales, pensiones no contributivas y asignaciones familiares.
Esta reforma mejoró la captación estadística del dinero que ingresa a los hogares más pobres, pero no significó que los hogares pasaran a tener mayor poder de compra real, sino que ahora se cuenta en la planilla lo que antes se omitía. Este fenómeno fue refrendado por especialistas en deuda social como Agustín Salvia, quien advirtió que el ajuste en el instrumento de medición mejoró notablemente la captura de ingresos informales y no laborales sin que eso implique una mejora en las condiciones materiales de vida.
A esto se suma la enigma del salario informal. Según las publicaciones mensuales del INDEC, el salario del sector privado no registrado mostró un incremento real del 36,3% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Semejante avance sugeriría un fenómeno de bonanza en la economía informal, pero choca de frente con un contexto recesivo donde la tasa de desempleo subió al 7,9% y la actividad económica se contrajo.
Históricamente (entre 2016 y 2023), el salario informal mantuvo una correlación matemática perfecta con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), registrando un coeficiente de determinación de \(R^2 = 0,9966\). Sin embargo, a partir de 2024 esa paridad se rompió por completo: mientras el INDEC muestra que los informales habrían ganado casi 37 puntos en términos reales, el Salario Mínimo sufrió una caída real del 11,0% interanual en el primer semestre de 2026 y acumula un desplome del 39,1% respecto al segundo semestre de 2023. Esta discrepancia se explica nuevamente por la recalibración de las encuestas y no por un aumento genuino del poder adquisitivo en la calle.
El fenómeno de los trabajadores pobres
El verdadero drama social del primer semestre de 2026 se observa en el estancamiento de los ingresos frente al costo de vida. Al evaluar las distintas variables de la economía real, el informe del CEPA demuestra que la mayoría de los ingresos clave continuaron perdiendo frente a la inflación:
- Salarios Formales (RIPTE): Registraron una caída real del 2,7% respecto al segundo semestre de 2025 y una pérdida interanual del 1,3%.
- Jubilación Mínima con Bono: Sufrió un retroceso real del 3,5% semestral y del 5,3% interanual. Al comparar contra la segunda mitad de 2023, la pérdida de poder de compra de las jubilaciones mínimas alcanza un vertiginoso 16,3%.
- Planes Sociales: Se mantuvieron congelados en $78.000 desde enero de 2024, lo que representó una caída real del 14,6% en el semestre, un desplome del 24,7% interanual y un hundimiento del 75,4% en relación con el segundo semestre de 2023.
- Tarjeta Alimentar: Pese a la actualización de $52.250 a $72.250 otorgada en marzo de 2026 tras 22 meses de congelamiento, el beneficio acumuló una pérdida real interanual del 6,0% y del 39,5% frente a fines de 2023.
Esta erosión transversal de los ingresos profundizó la consolidación del estrato de los “trabajadores pobres”. Al cruzar la mediana salarial neta del sector privado registrado con el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes, se evidencia que en el primer semestre de 2026 el salario medio cubrió apenas el 90,8% de la línea de pobreza. Esto implica que el ingreso de la mitad de los trabajadores asalariados con aportes jubilatorios ni siquiera alcanza para evitar que su grupo familiar caiga en la pobreza, consolidando un rezago del 9,2% por debajo del umbral mínimo de bienestar.
La distorsión del Coeficiente de Engel y el tarifazo invisible
El punto metodológico más crítico —y deliberadamente omitido en el debate público— es el mecanismo utilizado para calcular la Canasta Básica Total (CBT). La tasa de pobreza no se mide relevando directamente todos los bienes y servicios, sino de forma indirecta: se calcula el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y se la multiplica por la inversa del Coeficiente de Engel, que representa la proporción histórica entre gastos alimentarios y no alimentarios.
El INDEC aplica para este cálculo la estructura de consumo proveniente de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, la cual asumía que las familias destinaban un 38,4% de sus ingresos a alimentos y un 61,6% al resto de los gastos. En la medición actual, la CBA pasó a representar el 45,0% de la CBT, dejando únicamente un 55,0% para cubrir todos los gastos no alimentarios.
¿Cuál es la trampa? Al mantener una ponderación fija congelada hace más de dos décadas, el sistema no capta el violento reacomodamiento de precios relativos provocado por la quita de subsidios a las tarifas de electricidad, gas, agua, alquileres y transporte público. Durante la gestión actual, los servicios públicos aumentaron sustancialmente por encima de los alimentos. Sin embargo, como el coeficiente asigna un peso artificialmente bajo a los rubros no alimentarios, el valor en pesos de la CBT resulta subestimado.
Si la CBT se actualizara utilizando la estructura de consumo de la ENGHo 2016/17 —donde los alimentos representaban solo el 27,0% del gasto total—, el valor del umbral de pobreza se elevaría considerablemente, empujando a cientos de miles de hogares que hoy figuran estadísticamente como “no pobres” por debajo de la línea oficial. El Estado está midiendo la pobreza con la canasta de consumo de 2004, cuando las tarifas representaban una fracción mínima del presupuesto familiar.
Al cabo del primer semestre de 2026, la política económica exhibe un índice de pobreza que parece estabilizado en el 32,3%, pero que reposa sobre encuestas recalibradas, una canasta básica que subestima el costo de los servicios y una profunda degradación de los salarios reales. Con aumentos en las canastas básicas que alcanzaron un acumulado de 5,3% en alimentos y 4,8% en la CBT entre julio y agosto de 2026, las proyecciones para la segunda mitad del año anticipan mayores tensiones.
La incógnita central para los próximos meses será observar si la moderación inflacionaria reciente logrará compensar la pérdida de poder de compra del salario mínimo, las jubilaciones y las asignaciones sociales, o si el agotamiento del presupuesto familiar terminará por perforar el frágil piso estadístico construido por el Palacio de Hacienda.
