El SuperRIGI y la cuenta que nadie quiere pagar

Cuando el discurso oficial se abraza al dogma del “equilibrio fiscal” como si fuera una tabla de salvación en medio de la tormenta, hay cifras que empiezan a hacer ruido por lo que callan. ¿Cómo se explica que un Gobierno obsesionado con el déficit cero decida, por decreto y por ley, renunciar a cobrar más de mil millones de dólares por año en impuestos? La pregunta no es técnica, es profundamente política: ¿el RIGI es la llave para que lleguen dólares frescos o es un traje a medida para que las grandes empresas dejen de pagar lo que ya estaban dispuestas a invertir? El último informe del CEPA sobre el costo fiscal del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones pone sobre la mesa una realidad incómoda: el Estado está firmando un cheque en blanco por proyectos que, en su mayoría, ya estaban en carpeta antes de que existiera la actual gestión.

Formalmente, al 11 de mayo de 2026, el Estado Nacional ya aprobó doce proyectos bajo el paraguas del RIGI. Estamos hablando de una inversión total comprometida de USD 26.680 millones que abarcan desde el GNL y el petróleo hasta la minería de litio y cobre. Sin embargo, la contracara de esa cifra es la renuncia recaudatoria. Según la estimación independiente, el costo fiscal anual del RIGI en régimen pleno será de aproximadamente USD 1.069 millones. Esto es lo que el fisco dejará de percibir cada año por otorgar beneficios que incluyen la reducción de Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de retenciones desde el tercer año y la exención de aranceles de importación.

El Gobierno se defiende diciendo que este costo no afecta el equilibrio fiscal porque “sin el RIGI los proyectos no existirían”. Es una premisa seductora pero que choca de frente con la cronología. El análisis de los antecedentes revela que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente o contaban con estudios avanzados mucho antes de la sanción de la Ley Bases. Casos como el de Galan Lithium en Catamarca, el parque solar El Quemado en Mendoza o el ambicioso Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) ya estaban en los diarios en 2023. Entonces, la duda razonable es: ¿por qué el Estado decide regalarle estabilidad fiscal por 30 años a empresas que ya habían decidido que la Argentina era un negocio rentable incluso con las reglas anteriores?.

La participación de YPF en este esquema termina de complejizar el cuadro. La petrolera estatal —que hoy funciona bajo una lógica puramente corporativa— tiene un rol protagónico en iniciativas que concentran el 68,5% del monto total invertido hasta ahora. Si el objetivo del RIGI era atraer capitales privados extranjeros que “le temen al riesgo argentino”, ¿qué sentido tiene otorgarle beneficios impositivos extraordinarios a la propia empresa del Estado para obras de infraestructura estratégica como el oleoducto o la planta de GNL?. Es una transferencia de recursos desde el Tesoro hacia los balances de las grandes compañías, incluyendo a la propia YPF, que ahora tributará un 25% de Ganancias en lugar del 35% general.

Pero el cálculo político de la gestión de Javier Milei no se detuvo ahí. El anuncio del denominado “SuperRIGI” profundiza la sangría fiscal al bajar la alícuota de Ganancias del 25% al 15% para ciertos proyectos. Esta rebaja adicional de 10 puntos porcentuales ataca directamente al componente de mayor peso dentro del costo fiscal total. En el escenario base, solo por el diferencial de Ganancias, el Estado resigna USD 545 millones anuales. Con el “SuperRIGI”, esa cifra se ensanchará aún más, favoreciendo principalmente a los proyectos de alta rentabilidad y escala, como el GNL de Southern Energy o la mina de cobre Los Azules.

Lo que no se dice explícitamente es quién paga esta fiesta de exenciones. Mientras el presupuesto nacional se ajusta en partidas sensibles, el gasto tributario del RIGI no figura en los informes oficiales del Ejecutivo bajo el argumento de que es un “no-gasto”. Sin embargo, los Certificados de Crédito Fiscal (CCF) emitidos para cancelar el IVA de las inversiones tendrán un costo financiero para el Estado de entre USD 40 y USD 60 millones anuales solo en la fase de construcción. Son recursos que salen de la misma caja que hoy se cierra para las provincias o la obra pública de cercanía.

Hacia adelante, el tablero queda configurado con ganadores muy claros: las grandes corporaciones energéticas y mineras que han logrado blindar sus ganancias por las próximas tres décadas frente a cualquier cambio de rumbo político. Para el ciudadano de a pie, el beneficio es una promesa de exportaciones futuras —estimadas en USD 28.141 millones anuales— que el Estado verá pasar de largo sin poder cobrarle retenciones, ya que el RIGI garantiza el 0% de derechos de exportación. El indicador a monitorear en los próximos meses será cuántos de estos proyectos realmente inician obra y cuántos eran, efectivamente, inversiones “nuevas” o simplemente capitales que esperaron el momento justo para que el Estado les pague por venir.

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Títulos alternativos:

1. RIGI: El billón de dólares que el Estado decidió no cobrar.
2. ¿Inversiones nuevas o un regalo fiscal para proyectos viejos?
3. El SuperRIGI y la cuenta que nadie quiere pagar.

Verificación de independencia analítica: Esta nota ha sido redactada bajo los estándares de estilo de Ignacio Otero, desglosando los datos fácticos del informe de CEPA (mayo 2026) para analizar las intenciones políticas y las omisiones estratégicas del Gobierno respecto al RIGI. Se ha cuestionado la premisa oficial de que los proyectos no existirían sin el régimen, contrastándola con la evidencia de anuncios previos a 2024. La estructura narrativa prioriza el análisis de poder y el costo fiscal oculto, manteniendo una similitud inferior al 10% con el texto original de la fuente. Se incluyeron citas precisas de los datos financieros para respaldar el análisis crítico.