Escribo estas líneas con un nudo en la garganta que compartimos miles de mujeres en todo el país. Escribo desde la rabia, el dolor y la profunda desolación de saber que nos falta otra. Esta vez fue Agostina Vega. Tenía apenas 14 años, toda una vida por delante, sueños congelados en una sonrisa adolescente que hoy nos mira desde carteles y pantallas. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un descampado de Córdoba tras una semana de búsqueda desesperada. Otra vez, el mismo patrón que nos destroza: una piba que falta, una familia desamparada que golpea puertas a ciegas, y una respuesta institucional que, por lenta y patriarcal, terminó siendo cómplice del peor final.
¿Hasta cuándo vamos a seguir contando muertas? El femicidio de Agostina no es un hecho aislado, es el síntoma de un sistema judicial y político que sigue mirando para otro lado. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, ya tenía antecedentes y, según denuncian las organizaciones feministas locales, gozaba de un entramado de influencias y coberturas políticas que le permitieron actuar con total impunidad. Mientras la familia de Agostina vivía un calvario de siete días, la fiscalía perdía horas de oro ignorando pruebas clave. A nosotras nos dicen “exageradas”, pero a ellos les conceden el beneficio de la duda y del tiempo. Un tiempo que para Agostina significó la vida.
Para entender la dimensión del desprecio estatal por las vidas de las infancias y las mujeres, es necesario desglosar cómo se sucedieron los hechos en esa semana trágica de mayo de 2026:
La confirmación del hallazgo del cuerpo de Agostina encendió las alarmas y desató una ola de indignación que traspasó las fronteras de Córdoba para conmover al país entero. El tratamiento mediático del caso reabrió heridas profundas en la sociedad y puso bajo la lupa no solo el accionar policial, sino también los lazos de poder que protegen a los violentos.
En los medios tradicionales y programas de análisis político, figuras del periodismo expusieron descarnadamente las demoras de la fiscalía. Se cuestionó con dureza por qué, si existían testimonios clave provistos por testigos (como choferes de remises de la zona), la justicia tardó más de 24 horas en citarlos a declarar de manera formal. Las pantallas se inundaron de debates urgentes sobre la urgente aplicación real —y no meramente teórica— de la perspectiva de género en los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
En el plano digital y de las redes sociales, el reclamo de justicia se volvió unánime. Reconocidas figuras del espectáculo, actrices e influencers —como la cantante Ángela Torres— se sumaron a la difusión del caso, solidarizándose con la familia y exigiendo el esclarecimiento total del crimen.
Sin embargo, el eje de mayor repercusión mediática y social gira en torno a la responsabilidad política. Desde los movimientos de mujeres y diversidades se denunció públicamente al Ministerio de Seguridad provincial y al gobierno de Martín Llaryora por la falta de asistencia integral a la víctima y a sus allegados. Los titulares de prensa escrita de los principales portales nacionales nacionales reflejan hoy una sospecha que hiela la sangre: la presunta cobertura política de Barrelier, quien en causas anteriores contó con la defensa de abogados vinculados estrechamente al poder legislativo oficialista de la provincia. La opinión pública exige hoy saber si el femicida actuó solo y por qué el Estado le regaló una semana de ventaja para intentar ocultar su horror.
A Agostina nos la arrebataron. El dolor es inmenso, pero la sumisión no es una opción. Nos queda abrazar con todas nuestras fuerzas a su mamá, a sus amigas, a su familia, y seguir exigiendo una reforma judicial feminista que deje de llegar cuando ya solo queda lamentar el peor final. No queremos más flores en los descampados, no queremos más conferencias de prensa pidiendo disculpas por llegar tarde. Exigimos vivir sin miedo. Justicia por Agostina Vega.
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