La violencia por razones de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantiene como una de las problemáticas estructurales más complejas y urgentes de la agenda pública. Los datos del último año completo consolidado (2025) y los relevamientos de los primeros meses de 2026 exponen una realidad de contrastes: mientras que el sistema judicial reporta una cifra récord de atenciones y denuncias, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) encienden las alarmas ante el desfinanciamiento de los programas estatales de prevención y asistencia.
De acuerdo con el informe anual de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la demanda de asistencia en la Ciudad de Buenos Aires experimentó un incremento significativo. Durante el último año, la OVD registró un total de 18.014 atenciones, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el período anterior. Esto equivale a un promedio alarmante de 49 atenciones diarias en su sede porteña.
El informe oficial desglosa las siguientes variables clave sobre la violencia en el ámbito de la Ciudad:
El desenlace fatal de la violencia de género muestra una tendencia particular en el ámbito porteño. Según la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el 53% de los homicidios dolosos de mujeres registrados en la Ciudad de Buenos Aires correspondieron a femicidios. Esto significa que más de la mitad de las muertes violentas de ciudadanas de CABA ocurren estrictamente por motivos de género.
A nivel nacional, el informe de la Corte Suprema de Justicia arrojó que en 2025 se registró la cifra de femicidios más baja desde 2017 (un caso cada 44 horas). No obstante, los especialistas advierten que este descenso no implica una erradicación del peligro, sino que expone el silencio en el que operan las redes de violencia. Entre el 73% y el 87% de las mujeres víctimas de femicidio en el país nunca habían llegado a denunciar a sus agresores en el sistema judicial, lo que demuestra que la violencia más letal ocurre “fuera del radar del Estado”.
Si bien los organismos del Poder Judicial de la Ciudad —como la OVD o el Centro de Justicia de la Mujer— mantienen un flujo constante de atención, las principales ONG enfocadas en la temática, tales como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y La Casa del Encuentro (a través de su Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”), han manifestado su profunda preocupación por el escenario político-económico actual.
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian un “retroceso histórico” en las herramientas de prevención y acompañamiento económico y legal a nivel federal, lo cual repercute directamente de manera colateral en las mujeres de la Ciudad:
Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, señaló recientemente que el descenso de las cifras extremas de femicidios en distritos que logran mantener políticas activas demuestra que el abordaje intersectorial sirve. Sin embargo, advirtió: “La violencia no desapareció: sigue ocurriendo, solo que en algunos casos el desenlace fatal pudo evitarse. Desarmar esas herramientas no es eficiencia: es abandonar a las mujeres cuando más necesitan ayuda”.
Por su parte, desde La Casa del Encuentro, que mantiene activos sus Grupos de Ayuda Mutua en barrios de CABA (como Caballito y Mataderos) y programas en conjunto con el Gobierno de la Ciudad (como Palabras Mayores para adultas mayores víctimas de violencia), recalcan la urgencia de sostener el tejido social. Desde la ONG manifestaron la preocupación que generan los discursos públicos que minimizan el problema: “Poner el foco en sembrar sospechas sobre las denuncias tiene consecuencias concretas. Hace que una mujer piense ‘¿y si no me creen?’. Ese miedo no es teórico, es lo que frena que denuncien todos los días. Y cuando una mujer no denuncia, el agresor sigue”.
El último año deja una radiografía compleja en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, las mujeres acuden de forma masiva a las oficinas judiciales porteñas en busca de medidas cautelares, exclusión del hogar del agresor o botones antipánico, saturando los servicios de atención diaria (casi 50 por día). Por el otro, el desmantelamiento de los programas de inserción económica y patrocinio jurídico gratuito deja una brecha profunda entre la denuncia inicial y la posibilidad real de las víctimas de reconstruir una vida libre de violencia. Las ONG coinciden en un diagnóstico claro: sin presupuesto continuo, interdisciplinario y con perspectiva de género, la justicia se vuelve una puerta giratoria y la desprotección civil aumenta.
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