Adiós a la moratoria: el regreso a la exclusión previsional
¿Es posible que una medida presentada como una “salvación” para los abuelos sea, en realidad, el candado definitivo para que sus ingresos nunca vuelvan a recuperarse? Cuando el Gobierno de Javier Milei decidió sepultar la fórmula de movilidad por decreto, la narrativa oficial habló de proteger a los jubilados frente a la inflación. Pero cuando se analizan los números fríos a mayo de 2026, la pregunta que surge es otra: ¿por qué el Ejecutivo cambió las reglas de juego justo en el momento exacto en que los jubilados iban a empezar a ganarle a los precios? La política, a menudo, no es lo que se anuncia, sino lo que se evita que suceda.
Formalmente, el DNU 274/2024 estableció que, desde julio de 2024, los haberes se actualizan mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. En los papeles, suena a estabilidad. Sin embargo, el informe previsional del CEPA revela una realidad mucho más cruda: al atar las jubilaciones exclusivamente a la inflación, el Gobierno logró consolidar el poder adquisitivo en un piso histórico. Es un “modelo de mantenimiento” que garantiza que el jubilado no pierda más, pero que le prohíbe terminantemente ganar, incluso si la economía crece o la recaudación mejora.
La trampa del timing y los números que faltan
Viste que en la política argentina el timing lo es todo. La fórmula anterior (Ley 27.609), basada en la recaudación y los salarios, tenía un rezago trimestral que castigaba a los jubilados en contextos de inflación creciente. El Gobierno aprovechó ese “fondo del pozo” generado por la devaluación de diciembre de 2023 para cambiar la fórmula. Si se hubiera mantenido la ley de 2021, hoy —en un contexto de inflación descendente— los haberes estarían volando por encima de los precios para recuperar lo perdido.
Los datos de junio de 2026 son demoledores: la jubilación mínima sin bono se ubica en $403.327 bajo el esquema de Milei. Si se hubiera aplicado la fórmula derogada, ese mismo jubilado estaría cobrando $490.621. Estamos hablando de una diferencia del 21,6% que el Estado decidió ahorrarse por decreto. No fue un error de cálculo; fue una decisión estratégica para utilizar al sistema previsional como la principal variable de ajuste del superávit fiscal, algo que el propio FMI ya celebró en sus últimas revisiones.
El bono: la “licuadora” silenciosa
Pero si la fórmula es el cerrojo, el bono de $70.000 es la verdadera licuadora. Mientras que los haberes básicos aumentaron un 200% entre marzo de 2024 y junio de 2026, el bono compensatorio que recibe el 70% de los jubilados permanece congelado en la misma cifra desde hace más de dos años. Esto significa que, para el jubilado que cobra la mínima, su aumento real no fue del 200%, sino de apenas el 132%.
Para que el bono mantuviera su valor real, hoy debería ser de $209.994. El silencio oficial sobre este punto es elocuente: al no indexar el bono, el Gobierno le recorta de hecho unos $140.000 mensuales a cada jubilado de la mínima. El resultado es que las jubilaciones con bono se ubican hoy un 18,9% por debajo del poder de compra que tenían en el último trimestre del gobierno anterior.
En este tablero de poder, el ganador invisible es el Ministerio de Economía. Al vetar la ley aprobada por el Congreso que proponía una recomposición del 7,2% y la actualización del bono a $110.000, el Ejecutivo blindó su programa económico a costa de los sectores más vulnerables. Además, la decisión de no prorrogar la moratoria previsional en marzo de 2025 devolvió a la Argentina a una lógica de los años 90: hoy, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse por no reunir los 30 años de aportes.
La única alternativa que queda es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que paga apenas el 80% de una jubilación mínima que ya está en niveles críticos, no es transferible por viudez y obliga a las mujeres a esperar hasta los 65 años para cobrar.
Lo que no se dice en los comunicados oficiales es que se está construyendo un sistema de dos niveles: una minoría con aportes que sobrevive en un piso histórico, y una mayoría que cae en la asistencia social básica sin posibilidad de retorno. El “éxito” fiscal que hoy se festeja en los despachos oficiales tiene una contracara que se ve en cada fila de banco: haberes que dibujan una línea horizontal similar a la de la convertibilidad, sin perder, pero con la prohibición absoluta de volver a ganar.
El indicador a monitorear en los próximos meses no será solo la inflación, sino la litigiosidad. Al haber impuesto este esquema por DNU y no por una ley consensuada que permitiera una recomposición real, el Estado está acumulando una deuda contingente de juicios que, tarde o temprano, alguien tendrá que pagar. Mientras tanto, la pregunta sigue flotando: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse un superávit que se financia congelando el plato de comida de quienes ya no tienen tiempo para esperar una reactivación?
Títulos alternativos:
- Ajuste previsional: el ahorro de 21 puntos que Milei decretó.
- La era del bono congelado: el recorte oculto a la mínima.
