El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó el tercer Plan de Seguridad Vial con la meta ambiciosa de bajar un 40% las muertes en el tránsito para el año 2027. La propuesta, lanzada en el cruce de las avenidas Del Libertador y General Paz, se centra en un endurecimiento de las penas por alcoholemia y una vigilancia mucho más rigurosa de la velocidad en puntos estratégicos de la Ciudad.
Viste que, aunque los operativos a veces se ven como una molestia en medio del apuro cotidiano, los datos que maneja la gestión son preocupantes: cada año mueren cien personas y más de quinientas terminan con secuelas graves por choques en nuestras calles. El diagnóstico oficial es claro al señalar que el exceso de velocidad —especialmente en colectivos, motos y autos— es el principal riesgo, mientras que el consumo de alcohol aparece detrás de uno de cada cinco incidentes fatales. Ante este panorama, Macri fue tajante al afirmar que el objetivo es ser “inflexibles” con el cumplimiento de las normas para perforar la tasa actual de 3,4 muertes por cada 100.000 habitantes.
Para el vecino que recorre los barrios, el impacto de este plan se traducirá en una mayor presencia tecnológica y física en la vía pública. El programa contempla la instalación de 50 cámaras de vigilancia nuevas y la intervención de 30 intersecciones críticas donde hoy se concentran la mayoría de los accidentes. Además, se prevé un aumento del 34% en los operativos de control de velocidad y una revisión técnica de las velocidades máximas permitidas en distintas avenidas. Un anticipo de esta mayor rigurosidad se notó en las últimas fiestas de Navidad, donde la Ciudad triplicó los controles de alcoholemia, realizando más de 8.700 testeos en pocos días.
Esta hoja de ruta no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un compromiso internacional asumido con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la fundación Bloomberg Philanthropies. El ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, detalló que el plan incluye 48 acciones concretas que van desde la mejora de la infraestructura hasta la educación vial. Durante el acto, la presencia de integrantes de la Asociación Madres del Dolor sirvió para recordar que detrás de las frías estadísticas hay familias destruidas, reforzando la premisa de la gestión de que “ninguna víctima mortal en el tránsito es aceptable”.
Hacia adelante, el éxito de esta política dependerá en gran medida de que el ciudadano acepte las nuevas sanciones y respete los límites de velocidad. El desafío para la Ciudad será transformar esos puntos negros de siniestralidad en entornos protegidos, acompañando las multas con una comunicación que convenza al conductor de que bajar la velocidad y evitar el alcohol no es solo una obligación legal, sino una medida directa para salvar vidas en el asfalto porteño.
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