La Legislatura de la Ciudad aprobó recientemente el Presupuesto General para el ejercicio 2024, fijando una hoja de ruta económica que alcanza los 5,8 billones de pesos. Con 32 votos a favor del interbloque oficialista y 26 en contra de la oposición, la normativa define cómo se distribuirán los recursos en un año que se proyecta con superávit, pero condicionado por la volatilidad inflacionaria. Para el ciudadano porteño, el dato central no es la cifra astronómica, sino cómo se cuidará su bolsillo frente al aumento de precios y en qué áreas sensibles se invertirá su dinero.
En lo que respecta a la economía diaria del hogar, la nueva Ley Tarifaria trae un alivio relativo. Se estableció que impuestos clave como el Inmobiliario (ABL) y las Patentes no tendrán alzas que superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad. Esto implica que el impuesto se “adecuará” para no perder valor real, pero sin asfixiar al contribuyente por encima de lo que marcan las góndolas. Otros gravámenes y límites de exenciones tendrán un tope de ajuste del 127%, basado en proyecciones nacionales. Es importante destacar que no se prevén nuevos impuestos ni incrementos en las alícuotas vigentes, lo que busca dar previsibilidad en un contexto de incertidumbre económica.
Al analizar hacia dónde va el dinero, la inversión en Servicios Sociales se mantiene como la prioridad absoluta de la gestión, absorbiendo más de la mitad del gasto total. El desglose muestra que Educación recibirá el 31,5%, seguido por Salud con un 26,5% y Acción Social con un 15,6%. El resto de los créditos significativos se destinan a Justicia y Seguridad. Un dato que explica la magnitud del Estado local es que el 45% del presupuesto se destina al pago de salarios del personal de la Ciudad. Cabe recordar que, antes de votar este plan, los diputados debieron inyectar más de 300 mil millones de pesos al presupuesto del año en curso para cubrir precisamente aumentos salariales e insumos básicos en hospitales y escuelas.
La salud financiera de la Ciudad depende en gran medida de su propia actividad económica. El impuesto a los Ingresos Brutos —aquel que grava la facturación de comercios y empresas— representa el 76% de la recaudación propia. En este esquema, los sectores que más aportan al Producto Bruto porteño son las actividades inmobiliarias y empresariales (19,1%), el comercio (15%) y las finanzas (11,2%). La coparticipación federal, un punto de conflicto histórico, solo representa el 10% de los ingresos totales, lo que refuerza la autonomía recaudatoria del distrito.
Finalmente, la jornada legislativa no solo fue de números, sino también de renovaciones institucionales. Se designó a María Inés Gagliardi como nueva presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, junto a un cuerpo de auditores que deberán controlar la transparencia del gasto público. También se cubrieron vacantes en el Consejo de la Magistratura y en juzgados Penales Juveniles y de Faltas, buscando agilizar procesos judiciales que afectan la convivencia urbana.
A futuro, el éxito de este presupuesto dependerá de que la recaudación acompañe el ritmo de la inflación y de que el superávit financiero proyectado se traduzca en mejoras tangibles en la calidad de vida. Para el vecino, la atención estará puesta en que el tope impositivo se cumpla y que la fuerte inversión en salud y educación garantice servicios eficientes durante todo el 2024.
