El Cuerpo Legislativo de la Ciudad entregó un beneplácito por el 40° aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre la República de Chile y la República Argentina, en un acto realizado en el Salón Presidente Alfonsín que recordó la importancia de la diplomacia sobre el conflicto bélico. La iniciativa, encabezada por el legislador Alejandro Grillo, puso en relieve un hito histórico que no solo definió las fronteras australes, sino que consolidó la convivencia pacífica en la región tras años de tensiones extremas bajo gobiernos de facto.
Viste que hoy nos parece natural el vínculo fluido con nuestros vecinos, pero a finales de la década del setenta la realidad era diametralmente opuesta. El conflicto por la soberanía se remonta a 1971, cuando se firmó un compromiso de arbitraje bajo las presidencias de Allende y Lanusse. Sin embargo, el fallo de 1977, que otorgaba la mayor parte de las islas y derechos oceánicos a Chile, fue declarado “totalmente nulo” por el gobierno argentino de entonces. Esta decisión ordenó el movimiento de tropas en la zona del Canal de Beagle, a lo que Chile respondió con preparativos similares, dejando a ambas naciones al borde de una guerra inminente.
La intervención del papa Juan Pablo II en 1978 fue el punto de inflexión necesario para evitar el desastre. Al aceptar la mediación papal, ambos países desistieron de cualquier intervención militar, permitiendo que se iniciaran intensas negociaciones en el Vaticano. El fallo final del Sumo Pontífice, emitido en diciembre de 1980, propuso una zona económica marítima reducida para Chile y estableció límites sobre las aguas al sur del meridiano del Cabo de Hornos. Este acuerdo tuvo una legitimación democrática fundamental en nuestro país: fue sometido a un referéndum por el presidente Raúl Alfonsín, recibiendo el voto favorable de la ciudadanía.
Desde una perspectiva institucional, el tratado se firmó formalmente en Roma el 29 de noviembre de 1984 y fue aprobado por la Ley 23.172 en marzo de 1985. Un aspecto técnico que el vecino debe conocer es que este documento no solo cerró una disputa territorial, sino que creó un sistema permanente para la solución pacífica de controversias futuras. Se estableció una “Comisión Permanente de Conciliación” y un tribunal arbitral cuyas sentencias son obligatorias, definitivas e inapelables, quedando su cumplimiento entregado al honor de las naciones signatarias.
Hacia adelante, el reconocimiento otorgado por la Legislatura reafirma que la estabilidad regional es un activo que debe protegerse. La existencia de mecanismos de arbitraje sólidos permite que el conflicto por los derechos de navegación y oceánicos sea hoy un recuerdo de un pasado superado por la vía del derecho internacional. Para los habitantes de la ciudad y del país, estas cuatro décadas de paz representan la base necesaria para la integración cultural y comercial, asegurando que el diálogo siga siendo la herramienta principal frente a cualquier diferendo fronterizo.
